06 noviembre 2023
Este encargo profesional vino precedido de dos premisas; la primera: un paciente quedó en estado vegetal por una cirugía a priori sencilla y eso es algo inaceptable y, la segunda: no existe dinero para mitigar un daño así, nada compensa al afectado directo ni a su familia por algo así.
El Derecho y específicamente el Derecho de Daños como creación humana es falible y, además, soluciona los problemas muchas veces de manera parcial e incompleta.
Una indemnización como la que hoy comentamos de un millón y medio de euros ciertamente es muy elevada pero, visto en perspectiva, no supone para los afectados motivo de alegría porque viene a compensar algo que no se puede reparar. Eso no quita que las palabras de agradecimiento de los familiares hacia nuestro Despacho sean un acicate para seguir defendiendo a pacientes pero aquí abordamos una tragedia consistente en que un hombre de cuarenta años que fue a operarse de problemas de rodilla en una clínica privada de Madrid sufrió un evento de privación de oxígeno durante la cirugía (nunca se pudo saber el motivo, tal vez una movilización incorrecta durante la cirugía de la cánula) que no fue detectado por el especialista en anestesiología y reanimación porque estaba actuando en ese momento en otro quirófano adyacente y el dispositivo de alarma para esas situaciones estaba desconectado.
Como siempre hacemos desde el Despacho valoramos con diferentes peritos médicos el caso e informando a la familia del paciente y con el encargo correspondiente iniciamos un proceso penal por estos hechos que, por nuestra experiencia, es una jurisdicción a la que sólo debe acudirse en casos de negligencias médicas para casos de especial gravedad.
Tras numerosas diligencias practicadas, con diferentes profesionales y aseguradoras implicadas presentamos escrito de acusación porque el Juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid estimó que debía abrirse juicio oral. Poco antes de celebrarse el juicio y en aras de la mejor defensa de los intereses del perjudicado y su familia se logró un acuerdo en sede judicial por 1,5 millones de euros, a fin de que el paciente dispusiera al menos de suficientes medios para ser atendido.
