Abril de 2024 supuso que Carriedo Legal cerrase un acuerdo indemnizatorio con la aseguradora de un centro sanitario público de Castilla y León (SACYL), homologado judicialmente, sin que se dictara sentencia porque el proceso pudo finalizarse antes.
El caso al que en esta ocasión nos referimos es, si cabe, incluso más triste de lo normal porque implica el fallecimiento de un feto, con todo lo que supone que se corte una vida humana antes de nacer, dejando una desolación a los futuros padres de difícil consuelo.
Se trata de un caso en el que se obviaron inexplicablemente los signos de riesgo de pérdida de bienestar fetal (RPBF), se indujo temerariamente al parto pero sin monitorizar de manera correcta la frecuencia cardiaca fetal (FCF) y ante la imposibilidad de realizar el Ph fetal tampoco se hizo la cesárea de urgencia que hubiera resuelto el sufrimiento fetal. En resumen, se puede afirmar que la mala praxis ejercida durante el ingreso y atención medica del parto, supusieron el nacimiento de un feto muerto, que probablemente agonizaba desde horas antes y que, de haberse actuado correctamente y en consonancia a los protocolos y guías de actuación disponibles, se habría podido, indudablemente, evitar.
Los hechos expuestos, bajo dirección letrada de Carriedo Legal, fueron reclamados inicialmente por vía administrativa (reclamación de responsabilidad patrimonial) y, ante el silencio de la Administración, se inició el proceso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia con sede en Valladolid, homologándose en dicho proceso un acuerdo de indemnización para los padres por importe de 120.000 Euros.
