El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al Servicio Canario de Salud a indemnizar con 300.000 euros a los padres de un menor que nació con múltiples malformaciones congénitas no detectadas durante el embarazo.
El despacho Carriedo Legal, en representación de los progenitores, interpuso recurso contencioso-administrativo tras la desestimación de la reclamación inicial de responsabilidad patrimonial. La sentencia reconoce la existencia de una pérdida de oportunidad: la ausencia de un diagnóstico prenatal correcto privó a los padres de la posibilidad de interrumpir el embarazo o, al menos, de adoptar las medidas médicas necesarias para garantizar el bienestar del recién nacido.
Los hechos
Durante el seguimiento del embarazo se realizaron al menos cuatro ecografías, tres de ellas destinadas específicamente al estudio anatómico fetal. Sin embargo, ninguna de las malformaciones vertebrales, costales, cardíacas y renales fue detectada. En los informes constaba, incluso, la existencia de ambos riñones, cuando en realidad el riñón izquierdo nunca llegó a desarrollarse.
El informe pericial presentado por Carriedo Legal concluyó que esta deficiencia en las exploraciones impidió un diagnóstico prenatal correcto y, en consecuencia, a los padres se les negó la posibilidad de tomar decisiones informadas.
La resolución judicial
La Magistrada subraya que:
- Las ecografías no se realizaron adecuadamente ni se aportaron los cortes completos necesarios.
- Esta deficiencia impidió transmitir a los progenitores una información veraz sobre el desarrollo del embarazo.
- Procede declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración por pérdida de oportunidad.
La indemnización, fijada en 300.000 euros más intereses legales, atiende al daño moral ocasionado por la pérdida de expectativas de decisión y tratamiento, así como a la realidad de que el menor requerirá revisiones continuas, terapias y posibles intervenciones quirúrgicas.
Aunque la sentencia aún no es firme y cabe recurso, este caso refleja la importancia de defender los derechos de los pacientes frente a los errores médicos y diagnósticos negligentes. La sentencia marca un hito al reconocer la responsabilidad del sistema público de salud en situaciones donde la Lex Artis no se respeta y se generan daños irreparables.
En Carriedo Legal reafirmamos nuestro compromiso con las familias que sufren las consecuencias de la mala praxis médica, trabajando con rigor jurídico y humano para lograr justicia.
